Tema ambiental, la parte débil del próximo "mega" aeropuerto del DF
El mismo gobierno federal prevé que los grupos ambientalistas incluso lleguen, eventualmente, a presentar acciones legales encaminadas a impactar en alguna medida la ampliación del AICM hacia un nuevo punto

El proyecto que implica cuadruplicar la movilización de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de 31 millones en el 2014, hasta una capacidad máxima de 120 millones de personas en los siguientes 20 años, podrá sortear todos los retos técnicos, financieros y tecnológicos, así como la disponibilidad de terreno para comenzar sus operaciones en el 2018, en una primera etapa.
El proyecto busca liberar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de la saturación, al contar con una nueva terminal cinco kilómetros al norte de la actual y para ello demandará cuando menos 2,000 hectáreas, todas consideradas como terreno federal.
Existen al menos seis gigantes de la construcción, Pinfra, OHL, ICA, Parsons, Skidmore e IDEAL, interesados en participar en la edificación de la nueva infraestructura. También ha llamado la atención del arquitecto británico Norman Foster, que ya habría presentado al gobierno su propuesta de diseño para el nuevo aeropuerto.
Pero la terminal, que tendrá un costo superior a los 120,000 millones de pesos y demandará cuando menos 2,000 hectáreas para construir un edificio principal y seis pistas que permitan el despegue y aterrizaje simultáneo de aeronaves, enfrentará las críticas de organizaciones ambientalistas y activistas sociales que rechazan que en las inmediaciones del ex Lago de Texcoco se erija una obra de tales magnitudes.
El mismo gobierno federal prevé que los grupos ambientalistas incluso lleguen, eventualmente, a presentar acciones legales encaminadas a impactar en alguna medida la ampliación del AICM hacia un nuevo punto.
Documentos en manos de El Economista hacen mención a organizaciones ambientalistas, civiles y activistas o académicos que continuamente han rechazado la construcción de un nuevo complejo aeroportuario en la periferia de Texcoco y el Distrito Federal.
Expertos del sector prevén también que en esta ocasión no serán los factores sociales, como en 2001, o los económicos, como en 2009, los que descarrilen la intención de construir definitivamente un nuevo complejo que desahogue las operaciones del AICM, considerado el aeropuerto número 51 del mundo por movilización de pasajeros y el más importante del país por número de operaciones y conexiones con el interior y exterior.
El gobierno estima que por lo menos son cinco los grupos ambientalistas que pudieran inconformarse con la construcción del nuevo aeropuerto. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y los Guardianes de los Volcanes, son los tres grupos civiles a los que cita directamente una investigación gubernamental.
El gobierno califica como que algunos de los argumentos negativos de los ambientalistas “son muy potentes” y comprometerían el apoyo ciudadano a la nueva obra.
Argumentos como que “se ocasionaría un daño irreversible”, “el proyecto acabaría con lo que queda del Lago de Texcoco” o “el proyecto no es viable, porque estaría en una zona de inundaciones” ganarían peso entre la sociedad, si los ambientalistas saben cómo aprovecharlos.
En todos los casos, existe una “predisposición” de la población para creer en esos argumentos. En contraparte, la respuesta del gobierno es que “existe un plan maestro de ingeniería” y “se trata de un proyecto de recuperación de un espacio degradado ecológicamente”, según los textos obtenidos.
Los diseñadores y constructores deberán tomar en cuenta factores como la sismicidad, la fragilidad del terreno; fenómenos meteorológicos como la niebla proveniente de la zona volcánica que se encuentra más al oriente. También que en la zona se encuentran vasos reguladores y que es en tiempos de lluvias un gran captador de agua, mientras que en la temporada de estiaje evita que las tolvaneras lleguen a la ciudad de México. (Con información de diario de El Economista)
