Autoridades abusan de su poder en reclusorios
El ombudsman de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, dentro del informe 2011, señaló que las autoridades penitenciarias de Nayarit vulneran los derechos de los reclusos del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza del estado, y de las cárceles municipales de la entidad.
El informe, que puede ser consultado en el sitio web de la Comisión, revela que en el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, ubicado en Tepic, mostró sobrepoblación y hacinamiento, presentando graves problemas de salud, violencia, indisciplina y carencia en la prestación de servicios.
Se encontraron deficiencias higiénicas y de calidad en la alimentación que proporciona la administración, además de que a los internos no se les brinda la atención médica oportuna, y no se les otorgan los medicamentos, señaló.
Denunció que al interior del Cereso de Tepic existe un grupo de internos que establecen un autogobierno a base de golpes y amenazas, siendo así como imponen sus reglas.
En entrevista, confirmó que las autoridades carcelarias permiten estas prácticas. El informe también revela irregularidades en las cárceles de Tecuala, Ruiz, San Blas, Las Varas y Bahía de Banderas, Nayarit.
En estos lugares, las mujeres son sometidas durante sus procesos, a permanecer sólo en sus dormitorios, los cuales en su mayoría tienen dimensiones pequeñas, sin acceso a otras áreas, lo que se traduce en una pena inhumana, cruel y degradante.
No sólo a los reclusos
De igual forma, señala que se evidenció trato indigno en agravio de los visitantes de las cárceles municipales de Acaponeta, Tuxpan y San Blas, a quienes se les practica revisiones corporales entrando en contacto con las partes íntimas de las personas o son obligadas a desnudarse o a asumir posiciones indecorosas o denigrantes.
Además, expone, la situación del autogobierno lesivo también se presenta en los centros de reclusión de Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, Nayarit.
En entrevista, el ombudsman nayarita afirmó que la autoridad carcelaria estatal ha incurrido en prácticas reincidentes, ya que desde 2005 algunos de estos señalamientos ya fueron presentados por la Comisión.
Afirmó que por tratarse de un informe, y no de una recomendación, las autoridades locales no tienen un plazo para atender estos asuntos y tampoco se les finca sanciones o responsabilidades. Esto según la información de un diario digital (SDPnoticias).
