Detención de notarios reaviva denuncias por despojos en Bahía de Banderas
Izarol López, empresaria afectada desde 2015, relata amenazas, despojo de propiedades y participación de notarios ligados al exfiscal Edgar Veytia.
Redacción AZ Noticias
Izarol López Rodríguez, empresaria nayarita, denunció públicamente que desde 2015 ella y su familia fueron víctimas de fraude, amenazas y despojo de propiedades en la zona sur de Bahía de Banderas. De acuerdo con su testimonio, las operaciones estuvieron vinculadas a falsos agentes inmobiliarios —entre ellos Isaías García Delgado y Salvador Larios Chávez— quienes presuntamente operaban bajo la protección del entonces fiscal estatal, Edgar Veytia.
López señala que en la red también habrían participado notarios del estado, entre ellos Juan Antonio Echeagaray Becerra. Relató que Echeagaray acudió personalmente a su domicilio para advertirles que, si no cedían sus propiedades, se “perdería” su documentación registral y se fabricaría una escritura falsa. Semanas después, la familia comprobó que sus folios habían desaparecido del Registro Público de Bucerías.
De acuerdo con la empresaria, los recursos de las supuestas ventas terminaron en la empresa Arquitectónica Inmobiliaria S.A. de C.V., que llegó a manejar más de 250 millones de pesos. Indicó que la red afectó a familias en Compostela, Bahía de Banderas, San Blas y municipios del norte del estado, donde también se habrían registrado irregularidades con ejidatarios. Calcula que podrían ser más de 60 familias perjudicadas.
López reconoce que algunas medidas recientes, como la digitalización de folios y la separación de Echeagaray de la Secretaría General de Gobierno al inicio del actual sexenio, le dieron mayor tranquilidad y redujeron las amenazas hacia su familia. Tras su detención, afirma que ve señales reales de que se desmantela la estructura que permitió los despojos.
En días pasados, autoridades estatales confirmaron la detención de dos notarios, incluido Echeagaray Becerra, por presuntos delitos como ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, registro irregular de inmuebles, fraude por simulación de actos jurídicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.