Gobierno de Badeba se justifica por manifestación en Sayulita; presume "total legalidad"
Afirmó el secretario del Ayuntamiento Anastasio Zaragoza, en una posterior etapa del procedimiento, se hará inventario de bienes para ser entregados para su operación al Oromapas de Bahía de Banderas
El gobierno municipal de Bahía de Banderas recibió recientemente del Comisariado Ejidal de Sayulita la cesión de derechos y posesión de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Pueblo Mágico, para iniciar un proceso administrativo por denuncias de particulares afectados por prácticas irregulares en administración y cobros de servicios, contra Lázaro Cárdenas García, quien fuera el responsable del Consejo de Agua Potable y Saneamiento local (CAPAS).
Las denuncias fueron recibidas por la Contraloría Municipal, quien realizó la respectiva notificación la mañana de este miércoles en el domicilio del mencionado, mientras el secretario Anastasio Zaragoza, el contralor Salvador Ruelas y el jurídico León Salazar, realizaron la toma de posesión de la PTAR con el apoyo de Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, dando Fe de Hechos el notario público número 12, licenciado Jorge Careaga.
En respuesta, un grupo de personas identificadas con Lázaro Cárdenas, así como el ex regidor Rodrigo Peña y familiares, organizaron una protesta y bloqueo en ambos sentidos de la carretera 200 y puntos de acceso a Sayulita, el cual inició a las 11:30 del mediodía, afectando a cientos de personas, transportistas y turistas, para luego retirarse alrededor de las 15:00 horas y tomar de forma violenta las instalaciones de la PTAR, con saldo de dos policías lesionados y el allanamiento de la posesión municipal, quedando a la espera de lo conducente y colocando estos hechos ante la autoridad competente.
El gobierno municipal de Bahía de Banderas, a través del secretario Anastasio Zaragoza, agradeció el trabajo en equipo con el gobernador Antonio Echevarría García, de quien se recibió todo el apoyo para cumplimentar los procesos jurídico administrativos, en beneficio de los pobladores y turismo que visita Sayulita, dejando atrás, como lo mencionó el Ejecutivo estatal, los intereses locales y mezquinos que tanto daño han hecho a este destino turístico.
Y reafirmó el compromiso de continuar poniendo orden y tomar decisiones responsables para generar certidumbre y respeto a nuestras leyes, solo así podremos seguir aspirando a tener más inversión, empleo y con ellos consolidar el progreso para todos.
