La Presidenta señaló que desde ayer se le remitió a la subsecretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos una "propuesta integral para el envío de agua a Texas, dentro del tratado de 1944 que incluye acciones de muy corto plazo”. 

Ante el anuncio del jefe de la Casa Blanca Donald Trump en el que amaga a México de nuevas sanciones por el incumplimiento de la entrega de una cuota de agua a Texas, según el tratado vigente en esta materia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde ayer se le remitió a la subsecretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para el envío de agua a Texas, dentro del tratado de 1944 que incluye acciones de muy corto plazo”.

Tras esta nueva amenaza de sanciones de Trump que difundió en sus redes sociales, también por esta vía respondió la mandataria mexicana: “han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad del agua, México ha estado cumpliendo. La Comisión Internacional de Límites Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países”.

Poco antes, Trump lanzó un mensaje en X donde acusa a México de incumplir con el acuerdo y sostiene que va a hacer que este tratado se cumpla: “Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados, detuve los envíos a Tijuana… seguiremos escalando las consecuencias incluyendo tarifas o sanciones”.

En su respuesta, Sheinbaum explica que ha instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente para que “de inmediato hagan contacto con la secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura de que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”.

Con información de La Jornada 

Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia y en 2018 fue extraditado a Estados Unidos. 

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue trasladado a la Ciudad de México bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser deportado por las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas el mediodía de este miércoles 9 de abril en la frontera común.

La entrega se realizó a través de la frontera terrestre entre San Diego y Tijuana, marcando un nuevo capítulo en el proceso judicial del ex funcionario ligado al Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas.

El ex político fue deportado por las autoridades de EEUU luego que el gobierno mexicano expulsó a finales de febrero a 29 líderes del narcotráfico que eran reclamados por la justicia de Estados Unidos, entre ellos los hermanos Treviño Morales, dos de los principales líderes del Cártel de los Zetas.

Este miércoles, después de aterrizar en la CDMX, Yarrington fue trasladado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

El ex priista, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 es señalado de facilitar las operaciones de grupos delincuenciales en ese estado fronterizo, y ahora la FGR lo investiga por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado durante su gestión como gobernador

Cuáles son los delitos por los que se acusa a Tomás Yarrington

Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia y en 2018 fue extraditado a Estados Unidos, donde tres años después se declaró culpable de aceptar sobornos durante su gestión, por lo cual fue condenado a 9 años de prisión, sin embargo, fue liberado en 2024.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Tomás Yarrington habría colaborado con el Cártel del Golfo al facilitar el tráfico de drogas.

El 7 de enero de 2009 se presentó la denuncia contra el ex gobernador tamaulipeco, en la cual un testigo protegido, identificado como ex miembro del Cártel del Golfo, señaló a Yarrington como responsable de facilitar estas actividades delictivas.

Por su parte, la agencia de Administración De Control de Drogas (DEA) señaló a Yarrington de facilitar y brindar protección a las operaciones del Golfo de México y Los Zetas, por lo que el Departamento de Justicia presentó dos acusaciones en contra del mexicano, las cuales permitieron el decomiso de propiedades que Yarrington adquirió en Texas a través de prestanombres.

En enero de 2024, el gobierno mexicano solicitó su extradición a Estados Unidos, sin embargo, el asunto no avanzó debido a presuntas deficiencias en el expediente.

Con información de Infobae 

El Gobierno de México, así como el Senado, rechazan que haya desapariciones forzadas en el país; hay más de 120 mil personas no localizadas hasta 2025. 

El Senado de la República aprobó un pronunciamiento para pedir que sea destituido Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo abriera un procedimiento para analizar la situación en México.

La mayoría de legisladores de Morena aprobó la moción, bajo el argumento de que las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado.

El pasado 8 de abril, el CED activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para analizar las desapariciones en México y si la situación requiere que el caso sea atraído por la Asamblea General de la ONU.

En México hay 124 mil 263 personas desaparecidas, con datos actualizados a 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este martes 8 de abril, la propia presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la investigación de la ONU, bajo el argumento de que “la desaparición forzada no existe en México” porque los casos no están relacionados con el Estado.

Ante todo este contexto, el Senado aprobó una resolución para solicitar la destitución de Olivier Frouville, del CED de la ONU.

“Con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, se aprueba el pronunciamiento con relación a las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU“, se informó en la cuenta oficial del Senado.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, consideró que el comité de la ONU realizó “con irresponsabilidad” una “acusación carente de sustento” y retó a que se presente un solo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar que esto nunca ha ocurrido.

Asimismo, Noroña acusó que las desapariciones forzadas ocurrían durante los gobiernos del PAN y del PRI, no los de Morena.

En tanto, el senador panista Marko Cortés reprochó que se tome como algo negativo que la ONU atención ponga en el tema, y se pida al alto comisionado que la ONU que no haga su trabajo.

“Claro que son desapariciones forzadas, porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Es innegable que no inició con el Gobierno de Claudia Sheinbaum ni con López Obrador, pero es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado, la desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables”, apuntó.

La priista Carolina Viggiano reprochó que el gobierno quiera negar la realidad, y quiera invocar la soberanía nacional cuando se discute una situación de derechos humanos.

“No sé por qué la insistencia de ponerse el saco , no hay una imputación directa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que es claro es que no puede haber una cifra de desaparecidos sino es con la complacencia del Estado en su conjunto”, agregó Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

¿Qué es la desaparición forzada?

La desaparición forzada es un término para nombrar todo secuestro, detención o cualquier forma de privación de la libertad no reconocida o no registrada, por parte de agentes del Estado o personas servidoras públicas (policías, militares y marinos u otras autoridades), o a manos de grupos que actúan sin autorización pero con aprobación del Estado (Gobierno), como los grupos paramilitares, según la convención de la ONU.

En 2023, el CED de la ONU destacó que el Estado Mexicano debe garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva ante los miles de casos de personas desaparecidas “por parte de grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Además, el CED señaló como desapariciones forzadas todas las ausencias de personas, aunque estas no sean cometidas por el Estado. Las desapariciones cometidas por grupos criminales, que no son investigadas y permanecen en la impunidad, son responsabilidad del Estado.

El mismo comité ha señalado desde 2022 que a la crisis de desapariciones en México se suma la grave crisis forense, con miles de cuerpos hallados en fosas clandestinas y resguardados en centros forenses que no han podido ser identificados.

¿Existe la desaparición forzada en México?

México ha registrado casos de desaparición forzada en su historia. Durante la Guerra Sucia, ocurrida entre las décadas de los 60′ y 80′ del siglo XX, a manos de los gobiernos priistas de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo que estuvieron involucrados en la desaparición forzada de disidentes políticos. Policías y militares realizaban detenciones arbitrarias de campesinos, estudiantes y líderes sociales en esas épocas.

Un ejemplo de ello fue la matanza de estudiantes, perpetrada por el Ejército y paramilitares en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Así como el ‘Halconazo’ de 1971, y los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia, donde hubo unas mil 500 víctimas.

Otro caso fue el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, caso que sigue abierto.

En 2022, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa determinó que los indicios indicaban que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.

Con información de El Financiero 

Morena y el PAN convierten el accidente que mató a dos fotógrafos en el festival de música en una guerra política mientras los organizadores del evento apenas hablan y las dudas crecen por la falta de información. 

Casi daban las dos de la madrugada del sábado al domingo y en el festival Ceremonia los últimos asistentes todavía bailaban sin saber que, nueve horas antes, dos personas habían muerto a unos metros de ellos. Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26, dos jóvenes fotógrafos del medio independiente Mr. Indie, fallecieron aplastados bajo el derrumbe de una estructura metálica en el parque Bicentenario de Ciudad de México sobre las 17.00. Los organizadores del evento, sin embargo, no cancelaron los conciertos previstos para el sábado (sí el domingo), en ningún momento informaron al público de las víctimas mortales y entorpecieron el trabajo de los periodistas que trataron de documentarlo —algunos de ellos fueron incluso expulsados del recinto por la policía. Casi tres días después, la información oficial difundida al respecto es mínima. Los responsables políticos y los gestores del Ceremonia lamentan la muerte de los jóvenes en mensajes que parecen escritos por la misma mano, pero nadie asume la culpa.

La estructura que mató a los dos fotógrafos era un elemento decorativo que estaba siendo movilizado por una grúa. Giles Rivera y Rojas Hernández recibieron “atención prehospitalaria” en el lugar de los hechos. Salieron vivos del parque Bicentenario, pero fallecieron poco después de ingresar en el hospital General Dr. Rubén Leñero, a cuatro kilómetros del festival, un trayecto de en torno a diez minutos en coche, dependiendo del tráfico. Toda esa información la aportó Protección Civil en el primer informe oficial del accidente. La dependencia aprovechó también la oportunidad de ser la primera en relatar la tragedia para sacudirse las culpas. “Estos lamentables hechos fueron el resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo”, cerraba el comunicado.

Era un mensaje claro. Protección Civil (PC) responde al Gobierno de la ciudad, dirigido por la alcaldesa Clara Brugada, de Morena. La alcaldía Miguel Hidalgo está gobernada por Mauricio Tabe, del PAN, partido opositor. Brugada aprovechaba la tragedia para tirarle un revés a uno de sus rivales políticos. Tabe recogió el guante rápidamente y contraatacó. Este lunes, en una conferencia de prensa, puso los puntos sobre las íes. “La responsabilidad es de los organizadores que violaron el programa de Protección Civil”, repitió de todas las maneras que se le ocurrió. Tabe asegura que el viernes, el día anterior al accidente, responsables de la alcaldía, del Gobierno de la capital y PC supervisaron el festival y todo estaba en orden.

Según Tabe, el Ceremonia incluyó la estructura que se derrumbó sobre los fotógrafos después de la revisión de PC y no avisó a la dependencia: “Los organizadores ocultaron información, engañaron al Gobierno de la ciudad y también a la alcaldía”. El alcalde de la Miguel Hidalgo añadió: “Rechazamos categóricamente la insinuación que se hace en el boletín del Gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Protección Civil en donde declaran que la posible responsabilidad deriva de faltas al proceso de verificación por parte de la alcaldía”.

Brugada ha evitado entrar al cuerpo a cuerpo. Las únicas declaraciones que ha hecho al respecto este lunes han sido para volver a lamentar la muerte de Giles Rivera y Rojas Hernández, prometer que no se repetirá y apuntar con sutileza que “existen responsabilidades directas e ineludibles” y serán depuradas por la Fiscalía capitalina, organismo dirigido por Bertha María Alcalde, hermana de la presidenta del partido de Brugada, Luisa María Alcalde. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también de Morena, ha aprovechado su conferencia diaria de prensa para reforzar la tesis iniciada por PC: “Una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones, y aunque sea una concesión federal quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías, hay que ver ahí qué pasó”.

Tres políticos que de una manera u otra podrían tener parte de responsabilidad en el accidente —Sheinbaum porque la concesión para el uso del parque, como ha reconocido ella misma, es federal; Brugada como alcaldesa de la ciudad; Tabe como titular de la alcaldía— y tres relatos que apuntan al contrario sin asumir la mínima responsabilidad. La nueva información del caso ha estado limitada durante el lunes a la guerra política entre ellos. No ha habido nuevas revelaciones ni se conocen las acciones que están tomando los organizadores, que al cierre de este artículo, no han respondido a las preguntas que ha enviado este diario. Mientras tanto, durante la tarde, las familias de los dos fotógrafos velaban a ambos muertos en diferentes capillas.

El Ceremonia ha compartido en un mensaje su “más profundo pesar”, ha asegurado que ha estado cerca de las familias “brindándoles todo el apoyo y acompañamiento que hemos podido ofrecer”, que ha trabajado con las autoridades y que el suceso les “entristece profundamente” y conducirá a “revistar y fortalecer” sus protocolos de seguridad. Más allá de ese escueto comunicado, nada. Las preguntas se acumulan junto a los llamados a boicotear las próximas ediciones del festival y los conciertos de Grupo ECO y Ocesa, los responsables del evento —aunque Ocesa se ha justificado argumentando que solo participaron en la promoción, no en la gestión. La denuncia que ha llegado a la Fiscalía, según ha dicho el padre de Giles Rivera, Raúl Giles, es por homicidio, pero no está claro contra quién.

Entre medias quedan las preguntas. A las 10.58 del sábado, nueve horas después del accidente, Brugada confirmó públicamente la muerte de los jóvenes en un mensaje en redes sociales. El festival continuó tres horas más. La Miguel Hidalgo se defendió planteando que el evento sí acabó antes de lo previsto y que la tardanza se dio por la dificultad de “desalojar un lugar con tantísimas personas”, pero durante todas las horas posteriores a la muerte de los jóvenes los asistentes aseguran que no se activó ningún protocolo, nadie les avisó del fallecimiento ni se organizó una evacuación ordenada. El público se fue poco a poco, cuando quiso, como en cualquier otro concierto. En los homenajes a los dos fotógrafos, en las redes sociales, en el gremio, estos días se repite una consigna: el espectáculo no debió continuar.

Con información de El País