Mientras el gobierno estatal afirma que fue un tema administrativo, reportes de periodistas apuntan a posibles nexos ilícitos.
Este fin de semana sorprendió la noticia de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres, les fue revocada la visa de turista por parte del gobierno de Estados Unidos.
La información fue confirmada a través de publicaciones en redes sociales por ambos implicados, pero de inmediato surgieron reportes que contraponen las versiones, incluyendo señalamientos sobre una posible investigación por lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado.
“No hay delito”, asegura gobernadora
En una conferencia de prensa realizada el lunes 12 de mayo en el Centro de Gobierno en Tijuana, Marina del Pilar tomó la palabra flanqueada por su gabinete para referirse públicamente al retiro de su visa.
Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, explica por qué le revocaron su visa de EEUU: “No se trató de un delito”
La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta, sino que se trata de una decisión administrativa sin explicación oficial. Acompañada por titulares de las dependencias del gobierno estatal, afirmó estar tranquila y con la conciencia limpia. “No se ha comunicado la causa de esta medida, pero no hay acusación, no hay delito, no hay falta que perseguir”, aseguró.
“No hay acusación, no hay delito, no se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón estoy tranquila”, dijo ante decenas de funcionarios estatales, sin permitir preguntas de la prensa.
También denunció que actores políticos han querido usar el tema como un “arma política” y se dijo sorprendida por la situación. “No le busquen, no hay nada que esconder”, expresó.
Añadió que respeta la soberanía de Estados Unidos para tomar decisiones como esta y agradeció el respaldo de su equipo, legisladores, gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —según dijo— reconoció su trabajo al frente del gobierno estatal ese mismo día.
“No me han doblado, al contrario, me han reafirmado, por lo que lucho”, concluyó.
Dos días antes, el sábado 10 de mayo, su esposo Carlos Torres Torres publicó un comunicado en redes sociales para informar que también le fue retirada su visa de no inmigrante. En su mensaje aseguró que se trataba de una medida consular basada en disposiciones internas del Departamento de Estado, sin acusaciones o investigaciones en su contra.
“Fui notificado por autoridades consulares de los Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no migrante, una medida que ocurre con muchas personas en contextos similares”, escribió.
Agregó que se encuentra tranquilo, con la conciencia limpia, y que ha contactado a un especialista en derecho migratorio para explorar la posibilidad de reabrir su expediente o solicitar una nueva visa.
Las otras versiones
Las declaraciones de la pareja contrastan con información publicada por el semanario Zeta Tijuana, que sostiene que la revocación fue ejecutada por agentes del CBP cuando Torres Torres intentó cruzar la frontera en Tijuana.
Según el reportaje firmado por la periodista Adela Navarro, el esposo de la gobernadora fue redirigido a una inspección secundaria, donde se le notificó que su visa había sido revocada por una orden emitida desde Washington, sin ofrecerle detalles adicionales. El documento fue confiscado y destruido.
La misma fuente indica que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana no participó en la revocación, lo cual contradice lo dicho públicamente por Torres Torres. Por el contrario, el retiro de la visa obedeció a una investigación iniciada meses atrás por el Departamento de Estado.
En el caso de la gobernadora, sí hubo una notificación previa, según Zeta, con la intención de evitarle “un momento incómodo o bochornoso” al intentar cruzar la frontera. Fue un gesto de deferencia institucional por su cargo como mandataria estatal.
Una línea más grave fue planteada en el programa Pie de Nota del periodista Luis Chaparro, quien reveló que tanto Marina del Pilar como Carlos Torres estarían siendo investigados por lavado de dinero.
Citando documentos en su poder y fuentes consultadas, Chaparro aseguró que la investigación fue iniciada en 2024 por autoridades estadounidenses y que se intensificó en semanas recientes, dando lugar a medidas como la revocación de visas.
Según lo dicho por el periodista, durante el Tianguis Turístico de Rosarito, celebrado el 28 de abril, la gobernadora solicitó en privado a supervisores del CBP y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no se hicieran públicas las acciones contra ella y su esposo, y que no se notificara al consulado mexicano, para evitar filtraciones a los medios.
Según Luis Chaparro, la situación estaría relacionada con una red de individuos, empresarios del mismo estado y otros funcionarios que a su vez estarían ligados a miembros del crimen organizado en aquella región. Puntualmente, los agentes se refirieron al cártel de Los Rusos en Mexicali.
Además, el comunicador comentó que la fuente le advirtió: “Se vienen más revocaciones de visas a más personas dentro de esta investigación”, sin precisar cuántas ni quiénes.
La embajada de Estados Unidos en México no ha confirmado ni desmentido los motivos detrás de la revocación. En una breve declaración enviada a medios, un portavoz señaló que los registros de visado están protegidos por la legislación estadounidense, por lo que no pueden comentar sobre casos individuales.
En entrevista con Azucena Uresti, el consultor en seguridad David Saucedo contextualizó el hecho como una acción sin precedentes en contra de un gobernador en funciones.
Recordó que durante la campaña por la gubernatura, a Marina del Pilar se le señalaron presuntos vínculos financieros con el crimen organizado, específicamente financiamiento ilícito hacia su candidatura por parte de grupos delictivos, lo cual fue denunciado por la oposición en medios locales, aunque nunca se abrió una investigación formal.
“Durante la campaña para gobernadora, hubo acusaciones por parte de la oposición en el sentido de que había fluido financiamiento negro del crimen organizado a su campaña”, detalló Saucedo.
El especialista también aludió a un caso previo que involucraba a un hermano del esposo de la gobernadora en operaciones con huachicol fiscal y combustible robado, aunque tampoco derivó en procesos judiciales.
Saucedo advirtió que este tipo de decisiones del gobierno estadounidense no se toman sin contar con información sólida, y que podrían seguirse más cancelaciones de visas a funcionarios en diversos estados del país: “Es un mensaje contundente de los norteamericanos y que desde luego erosiona a la gobernadora en su estado natal”, señaló.
De acuerdo con la información, esta es la primera ocasión en la historia del estado —fundado en 1952— en que una persona en funciones como gobernador o gobernadora de Baja California pierde su visa para ingresar a Estados Unidos. El hecho cobra mayor relevancia considerando la cercanía geográfica y comercial entre Baja California y California, y que Marina del Pilar es la primera mujer en gobernar la entidad.
Con información de Infobae
