Hay al menos tres estados afectados por la entrega de agua de México a Estados Unidos. ¿Sobrevivirán a la sequía? 

Luego de semanas de presión de parte de Estados Unidos, México finalmente entregará el agua que adeuda como parte del tratado de 1944, en el que se entrega suministro hacia Texas desde el Río Bravo y Estados Unidos hace lo propio con aguas del Río Colorado.

Dicho acuerdo fue alcanzado el lunes 28 de abril, con el objetivo de que México cubra la cuota de agua que corresponde entregar a Estados Unidos, esto luego de que el presidente Donald Trump se quejara públicamente e incluso amenazara con aranceles o sanciones como respuesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que existía una propuesta y que el Gobierno de Estados Unidos ya la estaba analizando, todo para que este lunes finalmente se alcanzara el acuerdo, mismo en el que se afirma que México entregará agua a Texas a través de sus dos embalses internacionales, así como seis afluentes del Río Bravo, mismos que suministrarán hasta octubre próximo, cuando se cumpla el ciclo de reparto de agua.

Sheinbaum dijo que se iba a dar prioridad a atender el suministro de aguas en México, que durante los últimos años ha sido afectado por la sequía, especialmente en el norte del país; sin embargo, con el acuerdo habrá cierta parte del agua que será destinada a Estados Unidos con tal de cumplir con el tratado de aguas que está vigente desde 1944, y que de acuerdo con expertos, es normal que en ciertos ciclos de cinco años no se cumpla la entrega de agua, solo se complementa en el siguiente.

¿Qué estados serán los afectados y tendrán que entregar agua a Estados Unidos?

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos indica que México tiene dos presas internacionales (La Amistad y Falcón), mismas de donde saldría el agua para entregar a Texas.

Además, hay seis afluentes mexicanos en el Río Bravo, de donde se espera que salga más agua para Estados Unidos y con ello evitar las sanciones o aranceles adicionales de Donald Trump. Uno de los más importantes es el Río Conchos que, por ejemplo, es el afluente más importante del Río Bravo y es fundamental para el campo en Chihuahua y hasta en Durango.

Estos son los estados en los que se encuentran:

• Presa La Amistad: Acuña, Coahuila.
• Presa Falcón: Matamoros, Tamaulipas.
• Río Conchos: Chihuahua y Durango.
• Arroyo Las Vacas: Coahuila y Tamaulipas.
• Río San Diego: Jiménez, Coahuila.
• Río San Rodrigo: Piedras Negras, Coahuila.
• Río Escondido: Piedras Negras, Coahuila.
• Río Salado: Las Tortillas, Tamaulipas.

Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua serán las entidades más afectadas por la entrega de agua de México a Estados Unidos.

Con información de El Financiero 

El expresidente de México y priista, Ernesto Zedillo hace por primera vez un duro y abierto posicionamiento contra la reforma judicial instaurada por Morena. 

"La reforma no ofrece nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia". Así ha expresado el expresidente de México, Ernesto Zedillo, su preocupación por las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.

En su reciente entrada para la revista Letras Libres, el exmandatario mexicano ha señalado que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha manipulado la selección de candidatos, quienes carecen de las calificaciones necesarias.

“En los hechos, el gobierno ha determinado a la mayoría de los candidatos, sin asegurarse de que sean realmente personas que reúnan las calificaciones profesionales y éticas para impartir justicia”, advierte en el ensayo titulado México: de la democracia a la tiranía.

Zedillo lanza su crítica más dura: ‘Nuestra joven democracia ha sido asesinada’

Por primera vez, Zedillo lanzó un duro y abierto posicionamiento contra la reforma judicial instaurada por Morena, en el que asevera que ésta socava la democracia al eliminar contrapesos institucionales, como los organismos autónomos, y facilitar el control del ejecutivo sobre el poder judicial, las fuerzas armadas y las elecciones.

El expresidente dice que la acumulación de poder ha sido acompañada de reformas que otorgan al gobierno un control absoluto sobre la Constitución y los derechos fundamentales, creando un Estado autoritario. Además, se están promoviendo cambios que comprometen la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que la oposición y la pluralidad política se ven debilitadas.

Zedillo ha reseñado que Claudia Sheinbaum continúa los proyectos autoritarios de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, erosionando gravemente los principios democráticos en México, lo que amenaza la estructura de la democracia en el país.

“Cuando la presidenta nos dice que México está por convertirse en el país más democrático del mundo, tristemente nos está mintiendo a todos los mexicanos. Que no nos engañen: nuestra joven democracia ha sido asesinada”, expresa.

Con información de El Financiero 

Lejos de ser una propuesta innovadora, el organismo sostiene que guarda una preocupante similitud con lo impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto, que fue lo que tanto criticaron los gobiernos morenistas. 

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la presidenta Claudia Sheinbaum, viola disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y podría colocar al país en una posición comparable a regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, así lo señaló el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. 

En su posicionamiento público, la institución analizó la reforma enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, señalando que se pretende reconfigurar de fondo el sistema de telecomunicaciones en el país, pero para mal.  

Qué hará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Lejos de ser una propuesta innovadora, el organismo sostiene que guarda una preocupante similitud con lo impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto, que fue lo que tanto criticaron los gobiernos morenistas.  

“La reforma enviada ayer por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión es una copia, con ‘parches’ mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”, subrayó el organismo. 

Según el IDET, a detalle, la propuesta contradice los principios del T-MEC, al plantear una protección sistemática a los monopolios nacionales, ya sea públicos o privados. 

Uno de los puntos más delicados del análisis del IDET gira en torno a la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino.  

Sobre ello, se alerta sobre el desequilibrio institucional que implica concentrar el diseño y ejecución de esta reforma únicamente en Peña Merino, desplazando indebidamente las atribuciones constitucionales de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación. 

"En franco choque con las reformas constitucionales que se dieron apenas hace un par de meses", advierte el documento. 

Según el boletín, se menciona la eliminación de la independencia del regulador —antes garantizada por el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— y la tolerancia a que empresas estatales se conviertan en monopolios, contraviniendo los principios de competencia justa. 

“Esto desde la independencia mandatada del regulador para tomar decisiones en el T-MEC, hasta la permisibilidad de que empresas  controladas por el estado sean abiertamente monopolios, en violación de las reglas de competencia”, se lee en el boletín. 

Estas preocupaciones no son aisladas. A inicios de abril, en plena guerra arancelaria con Donald Trump, se hizo público el Informe de la Estimación Nacional de Comercio de 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior, publicado por el gobierno de Estados Unidos, subrayó que México mantiene barreras regulatorias significativas en el sector telecomunicaciones.  

Señaló, además, que el entorno competitivo en el país sigue siendo limitado, con un mercado dominado por grandes empresas que conservan cerca del 70% de la cuota y que había sido identificado por el propio IFT como “agente económico preponderante”. De aquí destaca América Móvil —empresa del magnate Carlos Slim— y la propia Comisión Federal de Electricidad con su IFT. 

“¿Se busca generar una nueva crisis en el T-MEC – que se perderá en cualquier panel arbitral – respecto a temas a los que México se comprometió en materia de fomento y apertura para la competencia en telecomunicaciones?”, cuestiona el instituto. 

Pero el señalamiento más grave, sostiene el IDET, es la inclusión de disposiciones que permitirían a la ATDT censurar y bloquear información transfronteriza enviada por medios electrónicos.  

El espectro de censura que plantea esta nueva agencia no es menor, alcanzaría también a emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales e incluso aplicaciones como TikTok, Facebook o X.  

“¿Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela? ¿Ya se dieron cuenta que la ATDT quiere definir y evaluar lo que digan los comunicadores? La Ley establece que la ATDT definirá qué es la veracidad de la información. Esto es censura pura y ruda nunca antes vista en México”, se asevera en el documento. 

El IDET también advierte que las sanciones económicas propuestas en la reforma para las plataformas digitales y aplicaciones generarían un efecto inhibidor que, en los hechos, conduciría a su salida del país por los grandes montos de dinero a pagar. 

Una reforma necesaria, pero mal planteada 

A pesar de las críticas, el Instituto reconoce que sí se requiere una actualización profunda del marco legal en telecomunicaciones, dado el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y la creciente demanda por servicios accesibles y de calidad. 

No obstante, recalca que la reforma debe construirse sobre bases sólidas, democráticas y con respeto a los acuerdos internacionales. 

“México está perdiendo una oportunidad para avanzar sus telecomunicaciones en beneficio de la población. Ojalá se hicieran foros abiertos para que los mejores académicos y especialistas de México y el mundo fortalezcan el futuro tecnológico de los mexicanos y no se retrotraigan derechos y tecnologías”, concluye el posicionamiento. 

Con información de Proceso 

La Cámara de Diputados aprobó sanciones de hasta 30 años de cárcel por traficar o introducir armamento al país. 

Por unanimidad, con 476 votos a favor de todos los partidos políticos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurece las penas y sanciona hasta con 30 años de cárcel al que trafique e introduzca armas al país.

Al mismo tiempo, debido a la ola de violencia del crimen organizado, se facilitan los permisos para tener un arma en el domicilio y defender sus bienes de los delincuentes.

También permite “el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública como empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, entre ellos, Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, para que quienes pertenezcan a estas empresas puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad”.

Aunque sólo dos diputados del PRI votaron en abstención, todos los grupos parlamentarios reconocieron el “fortalecimiento del control sobre la posesión de armas”, “el derecho a la legítima defensa dentro del ámbito doméstico”, las “medidas eficaces para combatir las correas del crimen organizado”, las “campañas educativas a nivel nacional para sensibilizar a la población”, entre otros detalles.

Con diversas modificaciones, quedó avalada la iniciativa que dejó en su último año de gobierno el expresidente López Obrador, y se turnó al Senado para su discusión y votación.

¿Cuáles son las sanciones por introducir armas de fuego a México?

El dictamen establece que “se impondrá de 7 a 30 años de prisión y multa de doscientas cincuenta a dos mil veces el valor diario de la UMA a la persona que participe en la introducción de armas al territorio nacional de forma ilícita, de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como armas y cargadores reservados para el uso exclusivo de la Fuerza Armada”.

También se asegura el derecho legítimo de las comunidades ejidales y comunales a la posesión responsable de armas para fines lícitos, estableciendo los calibres con precisión y se prohíbe que militares retirados puedan usar armas de su propiedad para dar servicios de seguridad privada.

Destaca que se aplicarán penas de 7 a 15 años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA, a las personas que dispongan indebidamente de las armas de las instituciones policiales y de procuración de justicia federales, estatales, de la Ciudad de México, de las alcaldías o de la Fuerza Armada.

Con información de El Financiero