La medida ha suscitado críticas de juristas que afirman que anularía cualquier control judicial de los asuntos constitucionales.
La Cámara de Diputados en México aprobó el miércoles medidas nuevas y radicales que impedirían las impugnaciones legales a las enmiendas constitucionales, lo que permitiría a los legisladores reformar la carta magna del país sin ninguna revisión judicial, ni siquiera de la Suprema Corte de Justicia.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado la semana pasada, ha suscitado críticas de juristas y expertos en derechos humanos, quienes afirman que anularía cualquier supervisión judicial de asuntos constitucionales y otorgaría al partido gobernante, Morena, un poder aparentemente ilimitado para aprobar cambios profundos en las leyes que rigen el país.
Se espera que la mayoría de las legislaturas estatales aprueben la medida en los próximos días, allanando el camino para que la presidenta la convierta en ley.
La medida llega en un momento tenso para México, en el que los principales poderes del Estado se encaminan hacia un conflicto abierto sobre la composición fundamental del sistema judicial y el papel que debe desempeñar en la democracia nacional.
“Esta reforma, de pasar, sí nos coloca en un contexto hacia un ejercicio del poder ilimitado”, dijo Guadalupe Salmorán Villar, investigadora sobre el Estado de derecho y la democracia constitucional en el mundo, radicada en Ciudad de México. “Es un intento abierto por parte del gobierno federal, con el apoyo de esta gran mayoría que Morena y sus aliados han conseguido en el Congreso, por someter políticamente al poder judicial”.
Olga Sánchez Cordero, legisladora de Morena, dijo que si bien la iniciativa impediría a los tribunales opinar sobre el contenido de las enmiendas constitucionales, no prohibiría las impugnaciones por motivos de procedimiento. Hasta ahora, dijo, la Constitución no ha sido clara sobre cómo se pueden revisar los cambios a la carta magna, pero ahora habría “un mecanismo claro, expreso, inequívoco” para evaluarlos.
A la pregunta de si le preocupa que en el futuro una mayoría opositora en el Congreso pueda utilizar el nuevo proyecto para impulsar cambios constitucionales que atenten contra los derechos humanos, como la penalización del aborto, Sánchez Cordero respondió: “Ojalá yo para entonces ya esté muerta”.
Personas protestan contra la serie de cambios al sistema judicial propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México el 1 de octubre.Credit...Haaron Alvarez/Agence France-Presse — Getty Images
¿Cómo ha llegado México hasta aquí?
Esta batalla por los tribunales de México comenzó, esencialmente, cuando el partido gobernante, Morena, y sus aliados obtuvieron victorias aplastantes en las elecciones de este verano, lo que les dio supermayorías efectivas en el Congreso.
Utilizaron ese poder para aprobar un importante paquete de modificaciones de leyes que regulan el poder judicial el mes pasado. Esta nueva medida parece ser una respuesta directa a los esfuerzos por bloquear los cambios en la ley.
La última salva: la Suprema Corte debatirá la próxima semana una resolución que invalidaría elementos clave de las modificaciones, lo que colocaría a la Corte en un enfrentamiento con el poder legislativo y, tal vez, con la presidenta.
Ricardo Monreal, líder del partido gobernante en la Cámara de Diputados, ya ha dicho que incluso si una mayoría de magistrados aprueba la resolución, los legisladores no la reconocerían como válida.
El rediseño judicial requiere la elección popular de los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, y los somete a la revisión de un tribunal disciplinario formado por funcionarios electos con poderes amplios para investigar e incluso destituir a los jueces.
Sus defensores afirman que contribuirá a eliminar la corrupción y el nepotismo del sistema judicial. Los críticos sostienen que solo erosionará la independencia judicial y politizará los tribunales.
La reforma fue recibida con un tsunami de más de 500 acciones legales para bloquear su aprobación y aplicación por parte de grupos cívicos, políticos de la oposición y los propios jueces.
En lugar de apelar formalmente esas sentencias, los legisladores y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, han optado por una vía más sencilla: han hecho caso omiso.
La presidenta Claudia Sheinbaum habla en el Congreso tras tomar posesión del cargo el 1 de octubre.Credit...Luis Antonio Rojas para The New York Times
“Una juez no está por encima del pueblo de México”, dijo Sheinbaum a los periodistas a principios de este mes, y añadió que los votantes otorgaron a su gobierno un mandato contundente para promulgar cambios constitucionales.
¿Qué importancia tiene el nuevo cambio?
La nueva propuesta parece ser un esfuerzo por neutralizar la oposición a la agenda legislativa del partido gobernante, dijeron los expertos.
Si se aprueba, México no sería el único país en promulgar medidas para limitar los poderes del sistema judicial. Otros países también han intentado hacer lo mismo.
En la década de 1970, cuando la primera ministra de India Indira Gandhi suspendió muchos derechos constitucionales, una enmienda otorgó al parlamento de ese país un poder ilimitado para cambiar la Constitución y eliminó el poder de revisión judicial de los tribunales.
En 2013, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cuyo partido gozaba de una mayoría de dos tercios en el parlamento, aprobó una disposición por la que el Tribunal Constitucional no podía examinar el contenido de una enmienda constitucional, solo el procedimiento.
En México, algunos críticos advirtieron de que el esfuerzo podría resultar costoso para la joven democracia del país.
“Si el día de mañana la mayoría, esta o la que venga, decide reinstalar la pena de muerte, pues eso lo que nos diría es que los tribunales no pueden hacer nada”, dijo Javier Martín Reyes, profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Y que en el momento que tú subas algo a la Constitución, ya se vuelve intocable”.
Con información de nytimes.com
