Bombardeos a lanchas desde Washington: qué implica la nueva táctica estadounidense para México y América Latina
Washington lanzó ataques letales a embarcaciones sospechosas de transportar drogas a inicios de septiembre; expertos los califican de “escalada radical”.
Redacción AZ Noticias
A inicios de septiembre, el gobierno de Estados Unidos autorizó ataques militares contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, trasladaban drogas y miembros de organizaciones criminales desde Venezuela hacia el norte. El primer ataque confirmado por la Presidencia ocurrió el 2 de septiembre de 2025; las autoridades estadounidenses han informado además de acciones posteriores en la misma zona.
El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendieron el uso de la fuerza como una respuesta más contundente a la “amenaza” del narcotráfico: “Los perseguiremos, los mataremos y desmantelaremos sus redes...”, afirmó Hegseth. Rubio sostuvo que la interdicción tradicional no basta y que la eliminación de embarcaciones es disuasiva.
Sin embargo, académicos y organizaciones de derechos humanos califican las operaciones como una escalada radical que plantea dudas legales y estratégicas. John Walsh (WOLA) señaló que el empleo directo y letal de la fuerza en la región representa un cambio marcado en la política estadounidense. La investigadora Angélica Durán-Martínez advirtió que la fragmentación de las redes del narcotráfico reduce la eficacia de golpes militares y puede dispersar la violencia.
La operación ha generado reacciones diplomáticas y políticas en la región. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que, si la embarcación atacada se encontraba en aguas jurisdiccionales, Washington no tenía autoridad para bombardearla. Voces críticas sostienen que estas acciones podrían usarse también como presión política contra gobiernos como el de Venezuela y, por extensión, enviar un aviso a países como México.
En paralelo, la Administración Trump ha intensificado su marco jurídico y político contra organizaciones delictivas: designaciones de cárteles como “organizaciones terroristas” y una retórica que considera legítimo el uso de fuerza más amplia en el hemisferio. Analistas subrayan riesgos concretos: potenciales violaciones del derecho internacional, aumento de la violencia local si grupos se fragmentan, y la posibilidad de incidentes diplomáticos.
Para México las implicaciones son directas. Autoridades y expertos observan tres efectos posibles: 1) presión bilateral para reforzar acciones contra el trasiego terrestre y marítimo; 2) mayor riesgo de desbordes de violencia si rutas se reconfiguran; y 3) debates sobre soberanía y coordinación operativa. Christopher Sabatini (Chatham House) resumió el temor de observadores: “Es un aviso para México: tómense esto en serio, porque ustedes pueden ser los siguientes”.
En lo operativo, Estados Unidos desplegó buques y aviones en el Caribe y afirmó haber neutralizado embarcaciones, pero no ha divulgado pruebas públicas detalladas sobre la carga de narcóticos en cada caso; eso alimenta la controversia sobre la legalidad y la proporcionalidad de los ataques. Las preguntas sobre jurisdicción, respeto a la ley internacional y la protección de civiles siguen abiertas mientras los gobiernos de la región analizan la respuesta más adecuada.
