Del total, Infonavit se encargará de la edificación de 600,000 casas; ya comenzó labores de desarrollo de 17 complejos habitacionales. 

Tras el anuncio del reforzamiento del Plan México, con el fin de fortalecer el mercado interno, la meta del programa Vivienda para el Bienestar se ha elevado para construir 1 millón 100,000 hogares durante el presente sexenio, es decir 100,000 más que el plan original, lo cual beneficiará a las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, es decir hasta 17,000 pesos mensuales.

Este fin de semana, funcionarios de los organismos de vivienda acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a una gira de trabajo por Tamaulipas y Zacatecas, donde se informaron sobre algunos avances al respecto, especialmente por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual ha comenzado las labores para la construcción de los primeros 22,266 hogares.

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¿Cuáles son los grupos poblacionales que atenderá la Conavi en el programa Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, con la ampliación de la meta del programa, el instituto estará encargado de edificar 600,000 viviendas durante el sexenio, en lugar de 500,000, por lo que ya firmó los primeros 17 convenios para construir el mismo número de unidades habitacionales que concentrarán 22,266 hogares en nueve estados del país.

"A principios de la administración, teníamos como meta construir 1 millón de viviendas. Ahora, que las circunstancias mundiales nos impulsan a acelerar el Plan México para fortalecer aún más nuestra economía, construiremos al menos 1 millón 100,000 casas en el sexenio", declaró Romero Oropeza.

El titular del Infonavit puntualizó que las viviendas que edificará el organismo a su cargo tendrán las siguientes características:

• 60 metros cuadrados habitables.
• Estarán cercanas a los centros de trabajo. 
• Serán seguras, eficientes, confortables y asequibles. 
• Contarán con todos los servicios básicos, con la infraestructura necesaria, áreas verdes, deportivas y de convivencia social.

En este contexto, el funcionario indicó que de los primeros 17 conjuntos habitacionales en construcción, 10 se desarrollarán en reservas territoriales aportadas por los gobiernos estatales y municipales y los siete restantes en terrenos aportados por desarrolladores habitacionales.

Así, las primeras 22,266 viviendas estarán distribuidas de la siguiente manera:

• Oaxaca - 160 viviendas.
• Zacatecas - 208 viviendas.
• Chiapas - 280 viviendas.
• Sonora - 912 viviendas.
• Sinaloa - 1,627 viviendas.
• Yucatán - 2,432 viviendas.
• Tamaulipas - 2,891 viviendas.
• Quintana Roo - 5,008 viviendas.
• Tabasco - 8,748 viviendas.

"En lo que resta de abril, tenemos programado firmar 53 contratos que abarcan 19,489 viviendas más distribuidas en 20 estados del país. Para el mes de mayo, agregaremos la construcción de otros 19 conjuntos habitacionales en 12 estados con 9,880 viviendas más", destacó el funcionario.

Créditos con interés de 0%

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la otra parte del programa de Vivienda para el Bienestar estará a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la cual edificará 500,000 hogares durante el sexenio y que podrán ser adquiridos con créditos que se otorguen con una tasa de interés de 0 por ciento.

"Para que no haya injusticias, en el caso de la Conavi están yendo casa por casa los Servidores de la Nación a las zonas donde hay mayor necesidad y ahí se apunta la gente", comentó la presidenta.

Asimismo, Sheinbaum destacó los programas de apoyo a acreditados que tienen problemas para pagar sus créditos tanto en el Infonavit como en el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste).

"Hay casos donde las personas debían 2 millones de pesos y se les redujo (la deuda) a 100,000 pesos y no es que estemos descontando el valor de la vivienda sino (estamos) siendo justos frente a estas deudas que se hicieron durante muchos años que solamente eran negocios en muchos cuantos. En el Fovissste vamos a hacer lo mismo", acotó.

Con información de El Economista 

La Presidenta señaló que desde ayer se le remitió a la subsecretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos una "propuesta integral para el envío de agua a Texas, dentro del tratado de 1944 que incluye acciones de muy corto plazo”. 

Ante el anuncio del jefe de la Casa Blanca Donald Trump en el que amaga a México de nuevas sanciones por el incumplimiento de la entrega de una cuota de agua a Texas, según el tratado vigente en esta materia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde ayer se le remitió a la subsecretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para el envío de agua a Texas, dentro del tratado de 1944 que incluye acciones de muy corto plazo”.

Tras esta nueva amenaza de sanciones de Trump que difundió en sus redes sociales, también por esta vía respondió la mandataria mexicana: “han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad del agua, México ha estado cumpliendo. La Comisión Internacional de Límites Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países”.

Poco antes, Trump lanzó un mensaje en X donde acusa a México de incumplir con el acuerdo y sostiene que va a hacer que este tratado se cumpla: “Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados, detuve los envíos a Tijuana… seguiremos escalando las consecuencias incluyendo tarifas o sanciones”.

En su respuesta, Sheinbaum explica que ha instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente para que “de inmediato hagan contacto con la secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura de que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”.

Con información de La Jornada 

Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia y en 2018 fue extraditado a Estados Unidos. 

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue trasladado a la Ciudad de México bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser deportado por las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas el mediodía de este miércoles 9 de abril en la frontera común.

La entrega se realizó a través de la frontera terrestre entre San Diego y Tijuana, marcando un nuevo capítulo en el proceso judicial del ex funcionario ligado al Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas.

El ex político fue deportado por las autoridades de EEUU luego que el gobierno mexicano expulsó a finales de febrero a 29 líderes del narcotráfico que eran reclamados por la justicia de Estados Unidos, entre ellos los hermanos Treviño Morales, dos de los principales líderes del Cártel de los Zetas.

Este miércoles, después de aterrizar en la CDMX, Yarrington fue trasladado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

El ex priista, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 es señalado de facilitar las operaciones de grupos delincuenciales en ese estado fronterizo, y ahora la FGR lo investiga por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado durante su gestión como gobernador

Cuáles son los delitos por los que se acusa a Tomás Yarrington

Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia y en 2018 fue extraditado a Estados Unidos, donde tres años después se declaró culpable de aceptar sobornos durante su gestión, por lo cual fue condenado a 9 años de prisión, sin embargo, fue liberado en 2024.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Tomás Yarrington habría colaborado con el Cártel del Golfo al facilitar el tráfico de drogas.

El 7 de enero de 2009 se presentó la denuncia contra el ex gobernador tamaulipeco, en la cual un testigo protegido, identificado como ex miembro del Cártel del Golfo, señaló a Yarrington como responsable de facilitar estas actividades delictivas.

Por su parte, la agencia de Administración De Control de Drogas (DEA) señaló a Yarrington de facilitar y brindar protección a las operaciones del Golfo de México y Los Zetas, por lo que el Departamento de Justicia presentó dos acusaciones en contra del mexicano, las cuales permitieron el decomiso de propiedades que Yarrington adquirió en Texas a través de prestanombres.

En enero de 2024, el gobierno mexicano solicitó su extradición a Estados Unidos, sin embargo, el asunto no avanzó debido a presuntas deficiencias en el expediente.

Con información de Infobae 

El Gobierno de México, así como el Senado, rechazan que haya desapariciones forzadas en el país; hay más de 120 mil personas no localizadas hasta 2025. 

El Senado de la República aprobó un pronunciamiento para pedir que sea destituido Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo abriera un procedimiento para analizar la situación en México.

La mayoría de legisladores de Morena aprobó la moción, bajo el argumento de que las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado.

El pasado 8 de abril, el CED activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para analizar las desapariciones en México y si la situación requiere que el caso sea atraído por la Asamblea General de la ONU.

En México hay 124 mil 263 personas desaparecidas, con datos actualizados a 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este martes 8 de abril, la propia presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la investigación de la ONU, bajo el argumento de que “la desaparición forzada no existe en México” porque los casos no están relacionados con el Estado.

Ante todo este contexto, el Senado aprobó una resolución para solicitar la destitución de Olivier Frouville, del CED de la ONU.

“Con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, se aprueba el pronunciamiento con relación a las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU“, se informó en la cuenta oficial del Senado.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, consideró que el comité de la ONU realizó “con irresponsabilidad” una “acusación carente de sustento” y retó a que se presente un solo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar que esto nunca ha ocurrido.

Asimismo, Noroña acusó que las desapariciones forzadas ocurrían durante los gobiernos del PAN y del PRI, no los de Morena.

En tanto, el senador panista Marko Cortés reprochó que se tome como algo negativo que la ONU atención ponga en el tema, y se pida al alto comisionado que la ONU que no haga su trabajo.

“Claro que son desapariciones forzadas, porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Es innegable que no inició con el Gobierno de Claudia Sheinbaum ni con López Obrador, pero es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado, la desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables”, apuntó.

La priista Carolina Viggiano reprochó que el gobierno quiera negar la realidad, y quiera invocar la soberanía nacional cuando se discute una situación de derechos humanos.

“No sé por qué la insistencia de ponerse el saco , no hay una imputación directa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que es claro es que no puede haber una cifra de desaparecidos sino es con la complacencia del Estado en su conjunto”, agregó Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

¿Qué es la desaparición forzada?

La desaparición forzada es un término para nombrar todo secuestro, detención o cualquier forma de privación de la libertad no reconocida o no registrada, por parte de agentes del Estado o personas servidoras públicas (policías, militares y marinos u otras autoridades), o a manos de grupos que actúan sin autorización pero con aprobación del Estado (Gobierno), como los grupos paramilitares, según la convención de la ONU.

En 2023, el CED de la ONU destacó que el Estado Mexicano debe garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva ante los miles de casos de personas desaparecidas “por parte de grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Además, el CED señaló como desapariciones forzadas todas las ausencias de personas, aunque estas no sean cometidas por el Estado. Las desapariciones cometidas por grupos criminales, que no son investigadas y permanecen en la impunidad, son responsabilidad del Estado.

El mismo comité ha señalado desde 2022 que a la crisis de desapariciones en México se suma la grave crisis forense, con miles de cuerpos hallados en fosas clandestinas y resguardados en centros forenses que no han podido ser identificados.

¿Existe la desaparición forzada en México?

México ha registrado casos de desaparición forzada en su historia. Durante la Guerra Sucia, ocurrida entre las décadas de los 60′ y 80′ del siglo XX, a manos de los gobiernos priistas de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo que estuvieron involucrados en la desaparición forzada de disidentes políticos. Policías y militares realizaban detenciones arbitrarias de campesinos, estudiantes y líderes sociales en esas épocas.

Un ejemplo de ello fue la matanza de estudiantes, perpetrada por el Ejército y paramilitares en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Así como el ‘Halconazo’ de 1971, y los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia, donde hubo unas mil 500 víctimas.

Otro caso fue el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, caso que sigue abierto.

En 2022, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa determinó que los indicios indicaban que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.

Con información de El Financiero