“Ha muerto la democracia”: críticas a la reforma salvadoreña que permite a Bukele reelegirse sin límites
Defensores del oficialismo aseguran que la reforma devuelve el poder al pueblo, mientras la oposición advierte sobre una deriva autoritaria.
Redacción AZNoticias
El Congreso de El Salvador ratificó este jueves un paquete de reformas constitucionales que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
La medida, que abre la puerta para que el actual presidente Nayib Bukele pueda postularse sin límite, ha generado un fuerte debate nacional e internacional. El mandatario, que gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con el 82,8% de los votos, no ha confirmado si buscará un tercer mandato.
Críticas por concentración de poder
Organizaciones y figuras opositoras han denunciado la reforma como un atentado contra la democracia. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) expresó: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, señalando que los cambios fueron aprobados “sin consulta, de forma burda y cínica”.
En la misma línea, Claudia Ortiz, del partido Vamos, calificó la medida como “un abuso de poder y una caricatura de la democracia”.
Desde el ámbito internacional, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch, advirtió que El Salvador sigue “el mismo camino que Venezuela”, con un líder que usa su popularidad para concentrar poder.
Oficialismo: “el poder vuelve al pueblo”
Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, defendió la reforma afirmando que “el poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”.
Especialistas en democracia advierten que la reelección indefinida erosiona los contrapesos institucionales y pone en riesgo la alternancia en el poder, principios fundamentales de los sistemas democráticos.
Contexto: popularidad y controversia
Aunque Bukele goza de una amplia aprobación por su política de seguridad, que ha reducido drásticamente los homicidios, organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción implementado desde 2022, bajo el cual se estima que 75.000 personas han sido arrestadas, muchas de ellas de forma arbitraria.
Amnistía Internacional denunció en diciembre que el país vive una transición hacia el reemplazo de la violencia de las pandillas por la violencia estatal.
