La defensa de Juan Ramírez López, adulto mayor, cuestionó omisiones durante la ejecución de la sentencia de desalojo y pidió que se consideren las condiciones de vulnerabilidad del afectado.

 

Por Osvaldo Granados

La defensa de Don Juan Ramírez López presentó un recurso de queja contra el Juzgado Segundo de lo Civil de Guadalajara, al considerar que durante la etapa de ejecución de una sentencia se cometieron omisiones y actuaciones que no tomaron en cuenta su condición de adulto mayor y persona vulnerable.

El recurso fue presentado este jueves 6 de agosto, luego de que parte de la familia que respalda a Don Juan acudiera al juzgado acompañada por uno de sus abogados, el maestro en Derecho Leo Silvestre Vázquez Lozano, quien forma parte del grupo de abogados que lleva la defensa del caso.

El documento, correspondiente al expediente 201/2023, juicio civil sumario, señala presuntas irregularidades ocurridas durante la ejecución de la sentencia y particularmente en el procedimiento que terminó con el lanzamiento de Don Juan de la finca materia del juicio.

PIDEN QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE DON JUAN COMO ADULTO MAYOR

De acuerdo con el recurso presentado ante el juzgado, la defensa sostiene que previamente se había solicitado que, antes de ejecutar la sentencia y materializar el lanzamiento, se establecieran mecanismos que garantizaran una diligencia adecuada y respetuosa de la edad, salud, integridad física y dignidad de Juan Ramírez López.

Sin embargo, la defensa afirma que dicha petición no fue atendida de manera adecuada y que el juzgado permitió la ejecución sin establecer medidas suficientes de protección para el adulto mayor.

En el escrito también se invocan disposiciones relacionadas con la protección de los derechos humanos de las personas mayores, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la situación de vulnerabilidad y la obligación de las autoridades jurisdiccionales de considerar las circunstancias particulares de quienes se encuentran en desventaja para ejercer sus derechos.

“EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE VULNERABILIDAD”

En declaraciones a AZ Noticias, el abogado Leo Silvestre Vázquez Lozano explicó que el recurso busca que se revisen las actuaciones realizadas durante la ejecución de la sentencia.

“Hoy venimos a presentar un recurso de queja ante el ciudadano juez por omisiones que se cometieron en el procedimiento de ejecución de sentencia. Hubo por ahí algunas peticiones que se formularon en su calidad de adulto mayor que no se tomaron en cuenta de la manera adecuada”, señaló.

El abogado sostuvo que Don Juan, por su condición de adulto mayor y persona vulnerable, cuenta con derechos que deben ser observados obligatoriamente por las autoridades judiciales.

“Don Juan, en su calidad de adulto mayor y persona vulnerable, está sujeto a ciertos derechos que son obligatorios de observar para cualquier persona juzgadora”, afirmó.

CUESTIONAN A QUIENES DEBÍAN BRINDARLE PROTECCIÓN

Uno de los principales señalamientos planteados por la defensa tiene que ver con el entorno familiar que, en principio, debía representar una red de apoyo y protección para Don Juan.

Vázquez Lozano cuestionó que el círculo familiar que debía garantizar su seguridad y acompañamiento fuera, de acuerdo con la postura de la defensa, el mismo grupo al que atribuyen haber participado en la estrategia que derivó en el despojo del adulto mayor.

“No se tomó en cuenta, por ejemplo, que el círculo familiar que estaba obligado a apoyarlo y darle la garantía de seguridad era el mismo grupo que orquestó la estrategia de despojo”, manifestó el abogado.

La defensa consideró que esta circunstancia debió ser valorada por la autoridad judicial antes de ejecutar las acciones que terminaron con el lanzamiento de Don Juan.

BUSCAN REVERTIR LAS ACTUACIONES

El recurso de queja solicita que el escrito sea admitido y remitido al superior correspondiente, junto con el informe justificado del juzgado, para que sean revisadas las actuaciones señaladas por la defensa.

Entre las pruebas ofrecidas se encuentran documentos relacionados con las actuaciones judiciales, particularmente el auto de fecha 10 de julio de 2026 y el acta de diligencia de lanzamiento del 15 de julio del mismo año.

La defensa sostiene que no se pretende desconocer los efectos de una sentencia, sino que durante su ejecución se cumplan las disposiciones legales y constitucionales necesarias para proteger la dignidad e integridad de una persona adulta mayor.

“Confiamos que en el caso de Don Juan hay todos los elementos para revertir la situación y los jueces sí valoren la situación particular de Don Juan con los principios que a derecho corresponden y los principios constitucionales de nuestro país”, expresó Vázquez Lozano.

Ahora corresponderá al procedimiento judicial determinar si los argumentos planteados en el recurso de queja son procedentes y si las actuaciones señaladas por la defensa ameritan alguna modificación o revisión por parte de la autoridad superior.