Vinculan a proceso a ex secretarios de Desarrollo Integral de Jalisco

Miguel Castro, Salvador Rizo y Daviel Trujillo son imputados por uso ilícito de atribuciones y facultades; deberán presentarse periódicamente ante el juez y resguardarse en domicilio

Los tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) Jalisco, Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas en la pasada administración estatal, fueron vinculados a proceso luego de más de diez horas de audiencia celebrada este lunes, luego de que se suspendiera el pasado miércoles. 

Los tres fueron secretarios durante la gestión de Aristóteles Sandoval Díaz como gobernador.

El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos Navarro, consideró que los agentes del Ministerio Público aportaron los elementos suficientes para considerar a los señalados como probables responsables del delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad y la extinta Sedis.

Como medida cautelar, para evitar que evadan la acción de la justicia, el juzgador determinó el resguardo en el propio domicilio de los imputados, la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a firmar para comprobar su arraigo en la ciudad.

Durante la audiencia el juez ofreció a los abogados solucionar el conflicto mediante un método alterno y señaló que la salida más viable podría ser un procedimiento abreviado, es decir, que los tres ex funcionarios estatales acepten su responsabilidad y paguen la reparación del daño fijada por el juez. 

Por su parte, Miguel Castro Reynoso dijo sentirse “con la conciencia tranquila” y negó tener vínculo familiar o de amistad con los que encabezan las asociaciones civiles beneficiadas con 14 depósitos.

El ex candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco aseguró desconocer que las asociaciones civiles eran encabezadas por funcionarios públicos, acción que la ley considera como delito.

Castro Reynoso dijo que un consejo dictaminador, conformado por las universidades UNIVA, ITESO, UVM, Universidad de Guadalajara, y dependencias como DIF Jalisco y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, entre otros organismos, en coordinación con jefes de área de Sedis, dictaminaban qué organizaciones recibirían los recursos, para ello evaluaban los programas sociales que aplicarían en beneficio de los ciudadanos más necesitados. 

Fuentes consultadas por MILENIO Jalisco precisaron que varios domicilios que aparecen en las actas notariales de las organizaciones civiles beneficiadas con recursos no existen, acción que ya es motivo de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Al concluir la audiencia, Castro Reynoso aseguró que el proceso penal que enfrenta es consecuencia de una venganza política: “me siento muy tranquilo, me parece que hemos visto excesos, lo digo con total claridad, pero también lo digo con la plena seguridad, certeza y plena seguridad, caminaremos con la frente en alto, estaremos trabajando durante los meses que vienen en la defensa, estaremos cumpliendo con las medidas cautelares que se nos han impuesto que me parecen excesivas, desproporcionadas, como si no hubiera un arraigo, una familia, y me parece que esto a todas luces tiene tintes de otra naturaleza, creo que el titular del Ejecutivo dijo hace unos días que esto no era un tema político y lo que yo observo que esto tiene tintes políticos”.

Salvador Rizo Castelo solamente dijo que “estaremos atentos cuando se nos vuelva a requerir, por lo pronto están los abogados, no tengo nada que decir”.

A pregunta expresa sobre si presumía una cacería de brujas detrás de la vinculación a proceso, contestó: “ustedes estuvieron a lo largo de la sesión del miércoles, de la sesión de hoy, ustedes saquen sus propias conclusiones”.

Lamentó que hubiera sido vinculado a proceso, “la verdad yo esperaba que no nos vincularan a proceso por los elementos que puso la defensa, no fue así, lo lamento mucho y estaremos agotando las acciones legales que corresponda”, dijo.

La próxima audiencia será el 14 de enero de 2020, en caso de ser encontrados culpables podrían enfrentar una pena de 3 años a 12 años de prisión, aunque se pueden acoger al procedimiento abreviado, opción que ya fue planteada por el juez que lleva la causa. 

Con información de Milenio