Exdirectora del Instituto Vallartense de Cultura enfrenta proceso por presuntos nombramientos irregulares
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco señala que Brenda “N” habría otorgado siete nombramientos definitivos a personas que tenían entre un mes y poco más de un año de antigüedad laboral; un juez la vinculó a proceso por abuso de autoridad.
Por Osvaldo Granados
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco informó que una exdirectora general del Instituto Vallartense de Cultura, identificada como Brenda “N”, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, luego de que presuntamente otorgara de manera irregular siete nombramientos definitivos dentro del organismo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los nombramientos fueron expedidos cuando Brenda “N” se encontraba al frente del Instituto Vallartense de Cultura y beneficiaron a personas que desempeñaban distintas funciones administrativas, académicas, operativas y de apoyo.
SIETE NOMBRAMIENTOS BAJO LA LUPA
La autoridad ministerial sostuvo que las siete personas beneficiadas no contaban con la antigüedad requerida por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para obtener el carácter definitivo.
Según los datos difundidos por la Fiscalía Anticorrupción, las antigüedades laborales iban desde aproximadamente un mes hasta poco más de un año al momento en que fueron otorgados los nombramientos.
La Fiscalía consideró que estos hechos podrían constituir abuso de autoridad y presentó ante un juez los datos de prueba que, de acuerdo con el boletín, fueron considerados suficientes para dictar la vinculación a proceso.
SUSPENSIÓN CONDICIONAL POR SEIS MESES
Durante el procedimiento, Brenda “N” solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue autorizada por el juez por un periodo de seis meses.
Durante ese tiempo deberá cumplir las condiciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas prestar servicio social en una asociación civil dedicada a la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad.
También deberá comparecer cada dos meses ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y cumplir con la reparación del daño a la sociedad, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.
La vinculación a proceso implica que el procedimiento penal continuará bajo las condiciones establecidas por el juez; los señalamientos contra la exfuncionaria corresponden a la investigación ministerial y deberán resolverse conforme avance el proceso.
LOS NOMBRAMIENTOS Y EL SERVICIO PÚBLICO
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que el ejercicio de un cargo público obliga a quienes lo desempeñan a actuar dentro de las facultades y obligaciones establecidas por la ley.
En este caso, la investigación se centró en la expedición de los siete nombramientos definitivos y en el cumplimiento de los requisitos legales para obtener esa condición laboral.
La dependencia también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas a través de los canales oficiales.
