Deuda del pasado ahorca finanzas municipales actuales y de los próximos años
Por omisión gubernamental desde hace 38 años, el gobierno municipal actual debe pagar 120 millones de pesos a partir de enero. La deuda original era de 20 millones de pesos, la cual subió a 808 millones, pero con una negociación del gobierno actual, quedó en 120 millones de pesos.
Por Osvaldo Granados
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta iniciará el 2026 con una fuerte carga financiera: deberá pagar 120 millones de pesos derivados de una deuda histórica que se remonta a 1987, cuando el entonces gobierno municipal no cumplió con el pago de un terreno utilizado como basurero municipal en la colonia Magisterio, y que hoy opera como zona de transferencia de basura.
La deuda original era de 20 millones de pesos, pero por décadas de omisión, actualizaciones y recargos judiciales, la cifra creció hasta 808 millones 356 mil pesos, monto que fue finalmente renegociado por la actual administración, logrando una reducción del 85 % del total.
El acuerdo aprobado anoche en sesión de Ayuntamiento establece que el municipio deberá pagar 15 millones de pesos mensuales durante los primeros cuatro meses de 2026 —enero, febrero, marzo y abril—, para completar 60 millones de pesos, y posteriormente cubrir los otros 60 millones en pagos anuales de 3 millones de pesos durante los próximos 20 años, sin generar intereses.
UNA DEUDA QUE NACIÓ EN 1987 Y CRECIÓ COMO “BOLA DE NIEVE”
El conflicto agrario comenzó en 1987, cuando el Ayuntamiento acordó con Gregorio Espinoza Mendoza, propietario del predio de 8.5 hectáreas, pagarle 20 millones de pesos por el terreno donde se depositaba la basura. Sin embargo, el compromiso nunca se cumplió.
En 2003, el gobierno municipal reconoció nuevamente la deuda, pero tampoco realizó el pago, acumulando así 38 años de incumplimiento. En 2020, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 dictó sentencia condenando al Ayuntamiento a pagar 808 millones de pesos por el valor actualizado del terreno.
El síndico municipal, Francisco Sánchez Peña, informó que, tras una larga negociación con el heredero Gregorio Espinoza hijo, se logró reducir la condena a 120 millones de pesos, con un esquema de pago que evita el colapso financiero del Ayuntamiento.
“Es una negociación de lujo, porque evitamos el pago de una cifra impagable que habría paralizado los servicios públicos y el cumplimiento de la nómina”, señaló el síndico, al explicar que el costo final se fijó en 1,427 pesos por metro cuadrado, en lugar de los 9,613 pesos originalmente determinados por el tribunal.
URGENCIA FINANCIERA Y RIESGO DE SANCIONES
El acuerdo fue aprobado por mayoría en sesión de Ayuntamiento de anoche, con dispensa de trámite por urgencia, ante el riesgo de sanciones judiciales. Según el director jurídico, Giovanni Saracco, de no cumplir con la resolución, los integrantes del Cabildo —incluido el alcalde Luis Munguía— podrían enfrentar multas, suspensiones e incluso arrestos por desacato judicial.
“Este problema se fue postergando administración tras administración hasta volverse insostenible. Hoy no había margen de defensa; era pagar o enfrentar sanciones más graves”, puntualizó Saracco.
La resolución judicial instruye además a la Tesorería Municipal a incluir los pagos dentro del presupuesto de egresos de los próximos ejercicios fiscales.
FINANZAS MUNICIPALES, EN LÍMITE OPERATIVO
El compromiso financiero se suma a una situación ya complicada para la Hacienda Pública municipal, que actualmente destina casi el 90 % de su presupuesto al gasto corriente y nómina.
Con esta deuda, el Ayuntamiento inicia 2026 con una carga adicional de 15 millones mensuales, en un escenario donde el margen para inversión en obra pública y programas sociales será aún más limitado.
